Es destinarà un 54.7% d’aquest pressupost a polítiques socials
La reforma de l’Impost de successions fa que sigui més just per a les persones treballadores
El Ple del Parlament de Catalunya ha aprovat aquest matí els Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2010. Els comptes públics de l´any vinent destinen un 54.7% a polítiques socials, més de dos punts percentuals del que s´ha dedicat en els darrers anys. El Govern català ha prioritzat el finançament de les polítiques d´ocupació, de benestar i d´habitatge, per tal de pal•liar els efectes de la crisi econòmica i de l´atur. L´executiu dedicarà 506 milions d´euros a Salut, 581 milions d´euros a Educació i 503 milions d´euros aProtecció Social.
Per a EUiA , les comptes de la Generalitat permetran impulsar polítiques transformadores, justes, de protecció de la clase treballadora i dels més desfavorits.
En quant a la reforma de l’Impost de Successions, la proposta finalment acordada per les forces polítiques que integren el Govern farà que aquest impost sigui més progressiu i just, ja que aquelles persones que heretin grans fortunes no estaran exemptes de pagar l´impost però sí que ho estaran aquelles que no heretin grans patrimonis.
Amb la reforma, quedaran exemptes de pagar l´impost les persones que heretin patrimonis valorats per sota dels 275.000 euros. L´acord al que s´ha arribat fa de l´impost un de més redistributiu que el que volien des d´un principi PSC i ERC, el qual hagués deixat exemptes de pagar l´impost aquelles persones que heretessin patrimonis valorats per sota dels 400.000 euros, de manera que deixaven de tributar també grans fortunes i els ingressos de la Generalitat per a invertir en polítiques socials haguessin disminuit de manera alarmant.
La reforma de l´Impost de Successions rebaixa l´impost als cònjugues que hereten un patrimoni de fins a 500.000 euros i als fills en aquells patrimonis que arriben fins a 275.000 euros. Per la resta de descendents la rebaixa es fa per aquelles herències de fins a 150.000 euros i pels ascendents de fins a 100.000 euros.
Gaspar Llamazares afirma que con esta iniciativa busca “parar los pies al afán privatizador de la Sanidad” en algunas comunidades gobernadas por el PP como Madrid y el País Valencià
El portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, ha sacado hoy adelante en el Pleno del Congreso la proposición de ley sobre “Habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud” para modificar la vieja Ley 15/1997, de 25 de abril, que regula la prestación de servicios en la Sanidad Pública.
Como resumió el propio Llamazares, con esta iniciativa se pretende “parar los pies al afán privatizador de la Sanidad”, sobre todos en algunas comunidades autónomas donde gobierna la derecha, como Madrid y el País Valencià.
La proposición de ley contó para su toma en consideración con 173 votos a favor, 147 en contra (PP) y la abstención de los nacionalistas de CiU, ERC y PNV, que consideran que tocar la ley actual puede suponer la “invasión” de competencias transferidas.
El parlamentario de IU y presidente de la Comisión de Sanidad, impulsor de esta iniciativa, defendió que la actual normativa es “un monumento a la inseguridad jurídica”, ya que, entre otras cuestiones, “ha servido de puerta para la privatización del Sistema Nacional de Salud”.
Detalló que la intromisión de entidades privadas en la gestión de la Sanidad Pública en lugar de abaratar y agilizar el servicio al paciente “supone un mayor coste económico, ofrece una eficacia ruinosa del sistema, y abre la puerta a que los ciudadanos “se vean obligados a pagar para poder utilizar los centros sanitarios y asistenciales”.
Llamazares busca hacer frente de forma práctica a la “campaña generalizada para desprestigiar y desmantelar los sistemas públicos de salud, donde la derecha busca una oportunidad de propiciar el negocio a determinadas empresas”.
Señaló que “la introducción de fórmulas de gestión empresarial facilita la privatización de los centros, eso sí, manteniendo la financiación con dinero público. Se olvida que estas nuevas formas de gestión son modelos ya ensayados, por ejemplo, en el Reino Unido, donde han conseguido encarecer la construcción y puesta en marcha de los nuevos hospitales cuatro o cinco veces más que los del modelo tradicional”.
El funcionamiento de los mismos –explicó-, con dos empresas distintas coexistiendo en el mismo centro, y el aumento de los gastos administrativos que supone el incremento de la burocracia, ha demostrado deficiencias importantes en cuanto al cuidado de la salud de los pacientes y un encarecimiento de los costes y problemas con la gestión”.
La Proposición de Ley de modificación de la Ley 15/1997, de 25 de abril, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud establece textualmente lo siguiente:
Artículo uno. El punto 2 del artículo único queda redactado de la siguiente forma:
“2. La prestación y gestión de los servicios sanitarios y sociosanitarios podrá llevarse a cabo, además de con medios propios, mediante acuerdos, convenios o contratos con personas o entidades exclusivamente públicas en los términos previstos en la Ley General de Sanidad”.
Artículo dos. Se añade un nuevo punto 3 al artículo único con la siguiente redacción:
“3. Las administraciones públicas con competencias en la atención sanitaria mantendrán, en todo caso, el carácter público en todo lo referente a la titularidad, financiación, gestión y provisión de servicios sanitarios y sociosanitarios”. Disposición Derogatoria. Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuestos en la presente Ley.
Disposición Final. La presente Ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el “Boletín Oficial del Estado”.